Conocimiento Científico-técnico Y Gestión De Riesgo De Desastres.

 

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La esencia de un sistema es que sus componentes se interrelacionen de manera ordenada y pre establecida, de manera que en conjunto puedan obtener un resultado mayor que el que puedan lograr en forma independiente cada una de sus partes. Eso exige integración y coordinación.
Una de las principales debilidades de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, concebido por el Decreto 156 del año 2002, de la Subsecretaría del Interior, es su falta de integración y por lo tanto, falta de coordinación. Y ejemplos de ello hay varios. La multiplicidad de mando en la emergencia – contraria al lógico concepto de unidad de mando – es uno de esos ejemplos. Y otra clara muestra de desintegración se observa en lo que se refiere al conocimiento científico-técnico sobre los peligros y cómo éstos ponen en mayor o menor riesgo a la comunidad. Distintos organismos “aportan” al sistema pero nadie se hace cargo de “traducir” este conocimiento de acuerdo a las vulnerabilidades de la población expuesta. El SHOA, el SERNAGEOMIN, la Dirección Meteorológica de Chile, el Centro Sismológico Nacional, etc., son los organismos más conocidos que se dedican a estudiar factores ambientales pero con distintos propósitos institucionales; algunos propósitos ligados a la productividad, otros a la continuidad de servicios u operaciones de transporte aéreo o marítimo y otros ligados a la academia. Sin embargo, ninguno de ellos tiene la responsabilidad legal de analizar esos factores y EVALUAR el riesgo. Esto se traduce en falta de conocimiento aplicado y al alcance de la población.
Frente a este vacío, en los últimos años han surgido una serie de iniciativas que nos recargan de órganos cosméticos, carentes de claridad en su misión institucional y que lejos de lo esperado, no fortalecen el sistema.
En Mayo del año 2013, se implementó la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre. En esta plataforma participan representantes de los organismos antes mencionados, junto a otros actores, tanto públicos como privados, vinculados a las distintas necesidades de la gestión del riesgo. Sin embargo, esta organización no es la responsable de resolver lo señalado.
Por otro lado, la ley 20.500, establece que todos los organismos de la administración civil del Estado tendrán un Consejo de la sociedad civil, de carácter consultivo, que tengan pertinencia sobre el ámbito de gestión de los respectivos organismos. Aquí también podría existir un espacio para incorporar el conocimiento científico-técnico, pero la verdad es que no todos los actores de esta área de la sociedad integran este consejo…
Finalmente, el Proyecto de Ley que establece un “Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y sustituye la ONEMI por un Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias”, que lleva tanto tiempo sin ser aprobado, lamentablemente cae también en el mismo vicio. Este Proyecto de Ley indica la implementación de más órganos de carácter cosmético, sin resolver realmente el problema y sin integrar la gestión. Se indica la implementación de una “Comisión Consultiva de Gestión de Riesgos y Emergencias”, integrada por distintos actores, entre los que se encuentran los Directores de los mismos servicios mencionados anteriormente, más seis científicos designados por el referido Servicio. Esto es más de lo mismo. Se considera como necesario el conocimiento científico-técnico pero éste no está realmente integrado a la gestión de riesgo de desastres, ni en su desarrollo ni en la responsabilidad sobre sus resultados.
Este mismo diagnóstico ha sido observado por algunos sectores de la sociedad. En forma reciente se ha creado, por parte del Poder Ejecutivo, el “Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo”. Aún cuando pareciera no existir una vinculación directa entre la innovación para el desarrollo y la gestión del riesgo de desastres, lo cierto es que al interior de este Consejo Nacional – integrado por un número importante de científicos y académicos, que tenían por misión proponer estrategias de investigación, desarrollo e innovación para otorgar sustentabilidad al crecimiento de nuestro país – se creó a su vez la “Comisión Nacional para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural” (CREDEN). Esta comisión propone una “Estrategia de I+D+i para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural” y plantea que es necesario crear un “Instituto Tecnológico Público dedicado al I+D+i para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural”, como una “entidad articuladora y coordinadora de la infraestructura pública”. Todo esto acompañado de una propuesta de presupuesto público necesario de 81,8 millones de dólares para los primeros tres años y alcanzando un total de 941,1 millones de dólares al cabo de veinte años…
Ninguna de todas las iniciativas nombradas otorga u otorgará respuesta a la necesidad de integrar nuestro disgregado sistema. Constituyen todas, más bien, un caldo de cultivo para eventuales luchas de egos institucionales e intereses económicos ligados a la actividad científico-técnica. Tampoco otorgan una responsabilidad clara, ni en lo funcional ni en lo político, respecto de los resultados de su gestión en torno al riesgo de desastres. Ninguna de ellas se somete a una necesaria rendición de cuentas públicas, porque ninguna de estas iniciativas otorga institucionalidad pública a quienes las componen…
Tal cual lo ha planteado un H. Senador de la República, Chile necesita un nuevo marco institucional. Él propone un Ministerio de Gestión de Riesgo de Desastres y Emergencias que cuente dentro de su estructura con una “Dirección Nacional de Geociencias, Ingeniería y Ciencias Sociales para la Gestión de Riesgos y Emergencias”, que como organismo público debe tener la responsabilidad y obligaciones sobre la integración del conocimiento científico-técnico aplicado para la gestión del riesgo de desastres.
Tiene sentido. Alejada de los vicios, profesionalizada en su conformación, técnica en su desarrollo, pública en su esencia, esta Dirección Nacional – que integre el conocimiento científico-técnico, al amparo de un Ministerio creado especialmente para la gestión de riesgos de desastres – podría ser una forma eficaz de integrar nuestro sistema y no seguir dando palos de ciego, postergando una necesidad ineludible la cual es que el Estado se haga cargo, de una vez por todas, de esta situación e integre las ciencias aplicadas a la gestión de riesgo de desastres. Es decir, cuyas responsabilidades – entre otras – sean las de monitorear las amenazas; realizar las evaluaciones de riesgo de desastres pertinentes a nivel nacional, proponiendo medidas de prevención y mitigación apropiadas; fortalecer y coordinar las acciones de alertamiento temprano, etc. y – por otro lado – integrar los conocimientos y herramientas interdisciplinarias de las geociencias, las ingenierías y las ciencias sociales para fortalecer el conocimiento del riesgo y del riesgo subyacente; disponibilizar datos de calidad en torno al análisis de los riesgos para los distintos sectores de la gestión pública y privada; potenciar, incentivar y proponer políticas públicas para la investigación científica en torno a los riesgos y aglutinar este conocimiento aplicado para su oportuno y apropiado uso en beneficio y cuidado de nuestra ciudadanía.
Tal vez, solo así podremos por fin darle integridad, complementariedad y articulación a nuestro sistema y dejaremos de seguir cometiendo los errores que hasta ahora hemos estado cometiendo.

 

Guillermo A. Araya Huerta – garayah@uc.cl Consultor Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres & Emergencias Vicepresidente de AIGELAC-Chile (*)